CARTA DEL GENERAL DE BRIGADA (r) FERNANDO HORMAZÁBAL DÍAZ

El clamor de Prisioneros Políticos Militares (PPM)

Hace algunos días el general de división (R) Eduardo Iturriaga N. -que cumple condena en el Penal Punta Peuco- escribió una carta a las integrantes de la 6a. Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que el citado oficial -de 84 años de edad- expresa fue condenado por dicha sala en forma unánime a la pena de 15 años y 1 día de presidio como autor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual, por supuestos hechos acecidos hace más de 45 años.

El preso político junto con desconocer categóricamente tales sucesos señala además que si fuese culpable, guardaría vergonzoso silencio por la naturaleza de los delitos que falsamente se le imputan, precisando por otra parte que su función como miembro de la DINA a la cual fue destinado por el Ejército, estaba orientada a la producción de inteligencia militar en el área económica social. En el libelo se le acusa de aplicación de tormentos a 4 subversivas y de secuestro calificado y aplicación de violencia sexual a 6 detenidas. Sin embargo, apunta Iturriaga, en todo el expediente no existe constancia ni registro que él haya secuestrado, aplicado tormentos o cometido violencia sexual en forma alguna. Luego, pregunta a las magistradas si fue condenado por presunción, recordándoles que las presunciones de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal entre otros requisitos deben ser múltiples, graves, directas y concordantes, las que no se incluyen en el expediente, como tampoco la existencia de testigos que avalen tales denuncias, afirmando del mismo modo, que jamás conoció ni tuvo contacto alguno con las mujeres supuestamente secuestradas y violentadas.

El general Iturriaga -con justificada razón- acusa a las magistradas y abogada integrante que han violado su honra y dignidad como ser humano, como miembro de una institución fundamental de la República e integrante de un sólido y numeroso núcleo familiar por un delito no ha cometido y que además de grave es repudiable.

Lo expuesto por el preso político no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg ya denunciado en múltiples oportunidades, sin que ello logre permear la sensibilidad de parlamentarios, gobierno, partidos políticos y en general de la sociedad, que hoy goza de la libertad obtenida gracias a los que actualmente son víctimas de un sistema judicial espurio, obsoleto, que solo rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, integrado en su mayoría por jueces ideologizados y prevaricadores, donde reina la carencia de un debido proceso, no se respeta la prescripción de los delitos, como tampoco la aplicación de la ley amnistía aún vigente, que no obstante, los sucesivos gobiernos han hecho uso para liberar a cientos de terroristas. La cosa juzgada es violada y se abren procesos no respetando la ley: “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”. La presunción de inocencia es el derecho de la persona que se encuentra imputada y debe guiar la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial, pero nuestros jueces lo han reemplazado por la presunción de culpabilidad, y ante la falta de argumentos jurídicos o de elementos probatorios inventaron el concepto del secuestro permanente, ficción jurídica reconocida públicamente por un juez de la república en un programa de tv abierta sin que ninguna autoridad reaccionara para revertir esta brutalidad jurídica, bajo cuyo supuesto las personas acusadas de tal delito mantienen aún retenidas a personas desde hace más de cuarenta años, encontrándose los presuntos autores cumpliendo condenas injustas o habiendo ya fallecidos muchos de ellos. El ministro de justicia -otrora admirador del gobierno militar – y el actual mandatario les han negado los beneficios otorgados a miles de criminales puestos en libertad como consecuencia de la pandemia, basado en otro argumento falso, “por haber sido condenados por delitos de lesa humanidad”, los que, no obstante, estar vigentes en Chile solo a partir de julio del año 2009, Gendarmería ha informado que no existe ningún condenado por tales delitos. Así funciona el Estado de Derecho en Chile.

Pero la denuncia que hace el general Iturriaga no es únicamente su caso particular. No es un procedimiento aislado, ha sido la tónica seguida por los jueces que más que aplicar justicia, buscan venganza, dando lugar por otra parte a un verdadero emprendimiento de abogados y familiares de víctimas por las cuantiosas cifras millonarias que reciben como compensación que pagamos todos los chilenos, aun a costa de falsos testigos con memorias privilegiadas después de más de 40 años que repiten el mismo libreto en cada proceso.

El general Iturriaga condenado en primera instancia por el actual miembro de la Corte Suprema de Justicia Mario Carroza, nunca lo interrogó personalmente, sino un actuario, como tampoco los jueces posteriores Guillermo de la Barra y Paola Plaza según su testimonio; y pese a haber solicitado careos con las presuntas víctimas o eventuales testigos, estos jamás se han realizado.

De manera, estimados feligreses de la parroquia de San Toribio, vayan olvidando una eventual participación de las fuerzas armadas para recuperar la república, y no porque les falte valor o coraje como señalan algunos ignorantes oportunistas; sean insensibles a la falta del Estado de Derecho, al narcoterrorismo de la macrozona sur; o proclives a los gobiernos de izquierda ni sus mandos formen un cartel como en Venezuela, sino porque cuentan con la amarga experiencia del olvido y abandono de quienes cumplen condenas en Punta Peuco, Colina 1 y otras cárceles. ¿Uds. lo harían si estuviesen en sus lugares?

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

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