INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA CONTRA LOS PRESOS POLÍTICOS MILITARES

                 

                    Sí …, Presos Políticos; ya que durante el Gobierno Militar eran jóvenes militares y policías, profesionales subordinados que debieron, entre otras actividades, enfrentar la violencia revolucionaria, y cumplir las órdenes de sus superiores. No eran delincuentes que se habían organizado en asociaciones ilícitas para delinquir, como algunos jueces y ministros del Poder Judicial lo han escrito en sus resoluciones de condena.

                  Política ha sido la actuación de jueces y ministros que no han trepidado en violar convenios internacionales, la propia Carta Magna chilena y varias leyes nacionales, atropellando básicos derechos humanos de los ex uniformados.

                 Es una gran injusticia que se les siga procesando y condenando, por hechos acaecidos casi un siglo antes, y con un sistema de procedimiento penal obsoleto y derogado, propio de la Edad Media, mientras la inmensa mayoría goza de un nuevo y renovado sistema penal, en abierta discriminación arbitraria.

                 Injusticia es que se les procese por crimen de lesa humanidad, cuando ese delito fue tipificado en nuestro país por la ley 20.357 vigente en nuestro país recién a partir del año 2.009; en la que se deja expresa constancia que solo será aplicado a partir de esa fecha, y que no tiene efecto retroactivo según el principio de legalidad … “nula pena sine lege”, no hay pena sin ley.

               Injusticia ha sido que se les procese y condene por la ficción jurídica del secuestro permanente a fin de soslayar la aplicación de las normas sobre prescripción penal, y sin que jueces y ministros hayan investigado y comprobado que el secuestro aún permanece.

              Injusto es que se les procese y condene por presunciones que ni siquiera cumplen con los requisitos que disponen nuestros códigos legales. Presunciones que deben ser múltiples, graves, directas y concordantes.

              Injusto ha sido que a muchos ex uniformados se les haya procesado y condenado solo porque … “no pudo dejar de haber sabido”, o solo por el hecho de haber pertenecido a una institución de inteligencia en un determinado momento.

                 El ex ministro Rubén Ballesteros, que llegó a ser Presidente de la Corte Suprema, en algunos votos disidentes en condenas de la sala penal de la Corte Suprema expresó lo siguiente … “Parece que lo perseguido en materias como las que motivaron la presente causa, es que debe imponerse sanción a toda costa, y que quienes quebrantaron la ley penal pueden verse expuestos a ser sancionados mediante estatutos diferentes, unos en una forma, y otros con normas diversas, con grave quebrantamiento del principio de igualdad que informa tanto el derecho nacional como internacional” (textual).

                Lo grave de esta afrenta contra este grupo de chilenos, que lucieron con orgullo sus respectivos uniformes institucionales, es que estas injusticias de la justicia siguen produciéndose actualmente bajo la mirada impávida de instituciones y autoridades de los poderes del Estado.

                El próximo año se cumplen 50 años del Pronunciamiento Militar, y ya es hora de que realmente, y de una vez por todas, se cierre este amargo capítulo de nuestra historia. Hoy, estos jóvenes y subordinados integrantes de las instituciones de la época, están viejos y enfermos. Todos los privados de libertad, hombres y mujeres, son de la tercera y  cuarta edad y se les continúa violando sistemáticamente sus derechos humanos, derechos como, el derecho a la vida, el derecho a ser libres, el derecho a que se les apliquen los principios de legalidad, de igualdad ante la ley, derecho a lo no discriminación, derecho al debido proceso, al principio de la irretroactividad de la ley. Solo en el gobierno anterior fallecieron privados de libertad 45 de ellos.

                        Es de esperar que las nuevas autoridades del país, que dicen gobernarán para todos los chilenos, pongan fin a esta mancha de la sociedad chilena, que divide a sus integrantes en ciudadanos de primera y segunda categoría.

                        Esta población penal, a lo menos, debiera estar en Reclusión Domiciliaria Total. Esta población penal, que ha sido y sigue siendo discriminada y tratada injustamente, también tiene el derecho a vivir la última etapa de su vida rodeado del cariño de sus familiares.

                                                             María Loreto Iturriaga Baeza

                                           Presidente Fundación Verdad y Justicia PPM

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