Los Prisioneros Políticos Militares de las distintas ramas de las FF. AA y de Orden incluyendo a Empleados Civiles y Soldados Conscriptos, que actualmente cumplen condena en los ya conocidos recintos penales Punta Peuco, Colina 1 y Centro de Detención Femenino, , viven al día de hoy una grave situación de abandono e injusta  estigmatización, siendo la piedra de tope de muchos de los problemas que ha tenido que enfrentar el país y que incluso, han servido de moneda cambio para negociar beneficios políticos de uno y otro lado.

      Pareciera que a nadie le importa ni le interesa colocar en contexto la verdad de lo que sucedió entre los años 1970 y 1973, incluso la mayoría de aquellos principales actores de esa época, han callado, otro se han dado una voltereta y reniegan de su pasado a conveniencia y el resto justifica su accionar tergiversando la verdad. Es vergonzosa la indiferencia de la mayoría de la clase política que creó las condiciones de división y odio en nuestro país y que después prácticamente obligó a las fuerzas armadas y policiales, para que, por la fuerza, colocara fin a sus diferencias políticas e ideológicas.

      Muchos de estos personajes, salvaron su patrimonio y hoy gozan de buena salud y status económico gracias a la intervención de las FF.AA. y de orden, y para colmo, hoy para obtener un puñado de votos, se han sumado a la campaña de desprestigio propiciada por el comunismo, hablando de las “nefastas” violaciones a los derechos humanos, pero se han olvidados de las verdaderas víctimas de la circunstancias, que les tocó vivir en una época difícil y convulsionada y cuyos únicos responsables, son la clase política, por no saber corregir el rumbo que estaba llevando el país durante 1970-1973.

      Actualmente, después de haber pasado ya casi 50 años, los ex militares aún están enfrentando procesos y condenas que a pesar de no existir en Chile la pena de muerte, hoy están condenados a ella, sin considerar que están en esta situación, sólo por cumplir órdenes,  como es sabido y se ha señalado públicamente en varias oportunidades, por  importantes autoridades de la sociedad chilena como, Ministros, Abogados, Alcaldes, Comandantes en jefe del Ejército, Jueces de la Corte Suprema, ex Presidentes de la república y ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado etc., incluso el recientemente fallecido José Zalaquet abogado, precisa los elementos o variables para que un delito sea considerado como de “Lesa Humanidad”, y en este caso, no cuadra, con lo que se podría concluir que estamos erróneamente mal condenados, ya que a la fecha no se han encontrado fallos judiciales que afirmen dicha situación, incluso recién a contar del mes de diciembre de 2020, los jueces del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, están estudiando si los tratados internacionales de DD.HH. son supraconstitucionales, donde algunos ministros creen que están sobre el ordenamiento jurídico interno, lo que tendría que estar explicitado en la Nueva Constitución para garantizar que éstos, están por sobre el ordenamiento jurídico interno y en este punto, algunos ministros plantean que debe ser así y otros que sólo basta con mencionarlo en las sentencias, lo que a la fecha no ha ocurrido. Cabe recordar que la Ley N° 20.357 promulgada recién en julio de 2009, dice en su art. 44, que la misma empezará a regir posteriormente a su promulgación, vale decir que a esa fecha no existen delitos de lesa humanidad.

                                  Es evidente que hoy estamos condenados por jueces que sólo se han dedicado  limpiar la imagen por haber permitido excesos durante el gobierno militar y no haber impartido convenientemente justicia y por otra parte, los parlamentarios abusando de la mayoría que actualmente tienen en el congreso, cada vez que se abre una ventana para que los condenados por estos supuestos delitos puedan obtener algún beneficio que esté vigente en alguna Ley que les favorezca, inmediatamente se busca un subterfugio y se legisla para revocarlo e imponer nuevas trabas, dificultando incluso, la obtención de beneficio legales “intra” y “extra” penitenciario. Discriminación y nula igualdad ante la ley.

                                  Tampoco se considera que esta población penal (Prisioneros Políticos Militares) sufre enormes problemas de vulnerabilidad por su condición de edad, que conlleva a serios problemas de salud mental como demencia senil, alzhéimer, problemas físicos, sobre todo los que superan los 80 años de edad, teniendo en el CCP Punta Peuco un promedio de edad de 78 años aproximadamente, lo que contraviene todo lo relacionado al adulto mayor dejándolos fuera de todo indulto, amnistía o Ley Humanitaria que los pueda beneficiar.

                                  Otro factor considerar, es que todas las estadísticas habidas y/o que se puedan hacer, respecto al peligro para la sociedad que puedan representar los prisioneros Políticos Militares en caso de otorgárseles una eventual libertad, darán como resultado “cero porcentajes de peligrosidad” o “cero porcentajes de reincidencia”.                    Con lo anteriormente expuesto, nos declaramos auténticos Prisioneros Políticos Militares del Estado de Chile y por tanto, conforme a la iniciativa de algunos parlamentarios por instalar la idea de un “perdón legislativo”, “indulto”, “amnistía” o como se le quiera llamar a esta propuesta que beneficia sólo a saqueadores, violentistas e incendiarios sometidos a prisión preventiva por la justicia por estos hechos delictuales, solicitamos ser incluidos en esta propuesta o iniciativa “humanitaria”, dado que al contrario, por los motivos y antecedentes expuestos en el presente documento, nosotros no revestimos peligro para la sociedad ni para nadie.